Un fiscal federal pidió hoy que sean condenados a prisión perpetua 14 de los 19 policías acusados de las torturas y desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, el joven de 22 años hallado muerto en el río Paraná, luego de haber sido detenido en octubre del 2014 en la ciudad santafesina de Rosario, informaron fuentes judiciales.
En el cierre de su alegato en el juicio que se lleva a cabo en los tribunales rosarinos, el fiscal federal Fernando Arrigo dio por probado que el hecho se trató de un caso de «desaparición forzada de persona, agravado por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte”.
Por esos delitos y en calidad de “coautores”, el fiscal solicitó la prisión perpetua para el comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino.
Mientras que pidió la misma pena, y también como “coautores”, para el subcomisario Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli, por “desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima”.
A su vez, el fiscal pidió una condena de 14 años y 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta para los agentes Belkis Elisabet González y Rodolfo Murua, a quienes consideró «partícipes secundarios» de la desaparición forzada seguida de muerte.
En tanto, solicitó una pena de 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación por encubrimiento para dos efectivos de Asuntos Internos, Pablo Síscaro y Daniel Escobar; al tiempo que solicitó la absolución del agente Walter Ortiz.
Por otro lado, Arrigo requirió tres años de prisión en suspenso para el vecino Alberto Crespo, el vecino acusado de formular la falsa denuncia con la que se intentó justificar la detención de Casco.
Durante el alegato, Arrigo sostuvo que Casco «fue privado de su libertad, admitido con falsedades por los imputados».
De acuerdo a la reconstrucción realizada por la fiscalía, como no era del ambiente y desconocía al personal de guardia, Casco “gritaba cada vez más fuerte”, pero “no sabía que no tenía que gritar para que le dejaran de pegar” y “al final lograron callarlo, pero se les fue la mano, lo asfixiaron”.
El fiscal consideró que tras haber torturado, asesinado y arrojado al río al joven, los policías acusados generaron «una coartada para desvincularse de sus responsabilidades».
Es que para el fiscal, los imputados “sabían que no podían simplemente hacerlo desaparecer, necesitaban crear una coartada que les garantizase su impunidad”.
En otro tramo de su exposición, Arrigo también instó una serie de medidas reparatorias, entre ellas, que se ordene al Poder Ejecutivo provincial que adopte las medidas necesarias para desafectar las dependencias de la comisaría 7ma. (en la que Casco estuvo alojado) y que ese espacio sea convertido en “un centro para la atención de víctimas y familiares de violencia institucional de las fuerzas de seguridad, en el cual se deberá brindar acompañamiento jurídico y psicológico”.
Y en ese sentido solicitó que “se dé amplia publicidad a la sentencia que se dicte en portales y sitios de difusión pública de todo el país, con sentido reparatorio y de no repetición”.
El juicio a estos 19 policías y un civil comenzó hace un año y medio y durante su desarrollo declararon unos 200 testigos.
Casco (22) era oriundo del partido bonaerense de Florencio Varela y en octubre de 2014 viajó a Rosario a visitar a unos familiares.
El 6 de ese mes fue visto por última vez cuando se disponía a viajar en tren para regresar a Buenos Aires.
Finalmente, el cuerpo de Casco fue encontrado el 30 de octubre flotando en el río Paraná.
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